La Unión Europea no comprará más carne proveniente de zonas deforestadas

Brasil y Paraguay son los exportadores sudamericanos de carne que verían más comprometido su acceso al mercado europeo.

El bloque acordó una nueva legislación para evitar que ingresen a su territorio productos provenientes de campos deforestados, obligando a los importadores a verificar el origen de los mismos. 

La Unión Europea acordó este martes prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación. Los bienes comprendidos son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados de los mismos. Aunque posteriormente la lista podría ampliarse.

“Puesto que la Unión Europea (UE-27) es una economía de gran tamaño y una gran consumidora de esos bienes básicos, esta importante medida contribuirá a detener en gran parte la deforestación y la degradación forestal a escala mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad”, indicó la Comisión Europea por medio de un comunicado.

Una vez aplicada la nueva legislación, la UE obligará a las empresas europeas importadoras a verificar el origen de los productos agroindustriales comprados, las cuales, a su vez, trasladarán esa obligación a sus proveedores para sumar un costo de producción más al proceso.

Un dato crucial es que la UE penalizará a productos provenientes de zonas deforestadas “con independencia de que sea legal o ilegal”, es decir, más allá de lo que determinen las legislaciones de los países de origen de la mercadería.

En los fundamentos de la iniciativa se indica que “los datos disponibles confirman que parte de la deforestación es el resultado de cambios del uso de la tierra que son legales con arreglo a la legislación del país de producción” y que, en caso de que la normativa considerase las leyes vigentes en naciones proveedoras, podría terminar fomentándose “potencialmente una carrera de mínimos requisitos en países muy dependientes de las exportaciones agropecuarias, que podrían verse tentados a reducir su protección medioambiental con vistas a facilitar el acceso de sus productos al mercado de la UE”.

La nueva legislación europea además exigirá a las empresas que recopilen información geográfica precisa sobre las tierras en las cuales se generaron los productos con el propósito de asegurar la trazabilidad de los mismos.

La Comisión Europea también avisó que “mantendrá un sistema de evaluación comparativa que se aplicará a los países o regiones y determinará su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (bajo, regular o alto), teniendo también en cuenta la expansión agrícola con fines de producción de los siete bienes básicos y productos derivados”. Y que las obligaciones impuestas a las empresas importadoras “dependerán del nivel de riesgo” de cada país o región.

“A escala internacional, la UE intensificará su diálogo, tanto bilateral con los países productores y consumidores como en los foros multilaterales pertinentes, a fin de velar por el cumplimiento efectivo de la nueva legislación y ayudar a los países cuando proceda”, aseguró.

Una vez oficializada la nueva legislación, algo que debería suceder en algún momento de 2023, el sector privado, según se indicó, tendrá dieciocho meses de adaptación para cumplir las nuevas normas. “Las microempresas y las pequeñas empresas disfrutarán de un período de adaptación más largo, así como de otras disposiciones específicas”, aseguró la UE.

Qué hacen los exportadores

Brasil y Paraguay son los exportadores sudamericanos de carne que verían más comprometido su acceso al mercado europeo ante la aplicación de este acuerdo. Para Uruguay, en cambio, podría ser una oportunidad de afirmar su papel como proveedor de los mercados de la UE.

El manejo del gobierno de Brasil de los recursos naturales y la frontera agrícola ha sido el mayor obstáculo para el avance de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al menos desde la perspectiva europea. En este sentido, Uruguay ha procurado diferenciar sus buenas prácticas ambientales de las cuestionadas políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, acusado de incentivar la quema de bosques tropicales.

Los grandes frigoríficos brasileños han implementado políticas de control para hacer frente a boicots sufridos en países europeos a sus productos.  JBS dijo tener tolerancia cero para la deforestación ilegal y afirmó en diciembre de 2021 que había bloqueado a más de 14.000 proveedores por no cumplir con sus políticas. Su objetivo para 2025 es el de optimizar “una cadena de suministro sin el más mínimo trazo de deforestación ilegal”.

Marfrig indicó en un comunicado que “mantiene un rígido protocolo de compra de animales, basado en criterios sociales y ambientales que deben cumplir sus proveedores directos”, y que realiza monitoreos satelitales en la región amazónica desde hace más de una década.

También Minerva Foods destacó sus “iniciativas para combatir la deforestación ilegal” y el cambio climático.

En opinión de Valor Carne, la nueva norma pone en jaque acuerdos multilaterales, especialmente en la órbita de la OMC, y seguramente será desafiada por los países que se sientan perjudicados.

Fuente: Valorcarne.com.ar

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